Calefacción central en comunidades de vecinos
Calefacción central en comunidades de vecinos
Pagar sólo por los costos de calefacción consumidos por el propietario o inquilino en su hogar es una de las razones que llevaron al Gobierno a aprobar las regulaciones que rigen la instalación de medidores individuales en el sistema centralizado después de un retraso de seis años. El nuevo decreto entró en vigor el 7 de agosto de 2020 y da tres años de margen para adaptarse a estas nuevas medidas.
Por tanto, según datos de la Asociación Española de Distribuidores de Gastos de Calefacción (Aercca), antes de mayo de 2023, 1,4 millones de hogares deberán estar equipados con equipos (contadores y distribuidores) para medir el consumo energético de los edificios de calefacción central. La nueva normativa no afectará a todos los bloques de calefacción central existentes en España (según las estadísticas de la OCU, 1,7 millones de hogares tienen el sistema), pero solo para las viviendas construidas antes de 1998 - viviendas posteriores a esta fecha. ; además, aún no se encuentran en la zona climática exenta del código (corresponden a las islas más cálidas y la costa mediterránea).
No es obligatorio en fincas donde no es técnicamente factible instalar estos equipos (por ejemplo, si el sistema de calefacción está conectado a un solo tubo en serie, fan coils o calentadores de aire) o si la inversión no se puede amortizar con el ahorro de costes en cuatro años. Se debe exigir a la empresa de mantenimiento que realice un estudio técnico previo. Si es afirmativo, se encarga un estudio económico para analizar la rentabilidad del equipo. Si ambos son correctos, se debe realizar la instalación. Las empresas deben realizar estos estudios de forma gratuita.
Nuevas normativas sobre contadores
A priori, se debe instalar un medidor, pero si esto no es posible, se colocará un asignador de costos en cada radiador. La diferencia es que en el caso de un contador eléctrico, se coloca uno en cada vivienda y mide directamente el calor en kilovatios-hora, mientras que en cada radiador se coloca un distribuidor y mide la unidad de consumo, que luego se utiliza para asignar el coste a cada vivienda. Aunque el coste de cada repartidor instalado es de unos 30 euros, el coste del contador supera los 250 euros. El alquiler de estos equipos, incluidos los servicios de mantenimiento, cuesta 7 euros al mes.
La forma más sencilla de cumplir con la normativa es poner un contador eléctrico a cada vecino, pero esto solo es técnicamente posible en un sistema de calefacción dispuesto en anillo (cada casa tiene una conexión de agua, y sus radiadores están conectados entre sí para formar un anillo). En España, solo hay 600.000 viviendas de este tipo. Por otro lado, hay más de un millón de unidades de equipos de calefacción alineados (los radiadores de diferentes casas están conectados entre sí de arriba a abajo), y no es factible colocar contadores eléctricos en ellos, lo que requerirá la instalación de repartidores de costos. Sin embargo, menos del 5% de los edificios están exentos de la obligación de contratar a un contador o repartidor de costes.
Si se quieren tomar medidas efectivas, se deben tomar acciones en conjunto, es decir, además de medidores o distribuidores, se debe colocar una válvula termostática en el radiador para que cada vecino pueda regular la disipación de calor y reducir o ajustar el consumo de energía. También es necesario ajustar completamente toda la instalación para adecuarla a las nuevas pautas de funcionamiento. Por este motivo, es necesario instalar una bomba de caudal variable o convertidor de frecuencia, y habitualmente la instalación está equilibrada hidráulicamente.
Aunque no existe la obligación inmediata de adecuar la casa al próximo invierno, ya que la primera instalación en las zonas más frías (Soria, Burgos, León ...) debe realizarse antes de mayo de 2022, no hay necesidad de relajarse. Al menos 15 meses antes de la fecha obligatoria (diferente para cada zona climática en función de su situación y el número de viviendas), las comunidades de propietarios deberían solicitar los presupuestos para cumplir con la nueva normativa. Por ejemplo, en Madrid, dependiendo del número de viviendas, la fecha límite para la instalación de los contadores eléctricos es octubre de 2022 o marzo de 2023, y la fecha límite para el presupuesto requerido es antes del 1 de julio de 2021 (incluidas 20 o más viviendas). Para edificios de menos de 20 pisos, 1 de diciembre de 2021.